El Tribunal Supremo reconoce el derecho de dos viudas de un soldado marroquí polígamo en el Sáhara a compartir la pensión de viudedad

Herramientas para el texto 31 de Enero de 2018La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho a cobrar la pensión de viudedad a las dos esposas de un ciudadano marroquí polígamo que sirvió para el ejército español en el Sáhara y que percibía una paga con cargo al Estado español. La pensión, que sí…

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31 de Enero de 2018

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho a cobrar la pensión de viudedad a las dos esposas de un ciudadano marroquí polígamo que sirvió para el ejército español en el Sáhara y que percibía una paga con cargo al Estado español. La pensión, que sí tenía reconocida la primera mujer, se distribuirá a partes iguales entre las dos viudas. El tribunal estima el recurso de casación presentado por la segunda esposa del fallecido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la resolución administrativa que le había denegado el derecho a cobrar la citada pensión.

Legal Today


La Sala Tercera no cuestiona su propia doctrina que fijó que
la poligamia es contraria al orden público español, pero precisa que este
criterio no puede aplicarse a este caso concreto porque es el propio Estado
español el que, como sujeto de derecho internacional  y a pesar de la
proscripción del matrimonio polígamo en nuestro ordenamiento jurídico, admite
un determinado efecto a dicho matrimonio en el artículo 23 del Convenio de
Seguridad Social firmado entre España y Marruecos el 8 de noviembre de
1979.  Ese artículo dispone que “la pensión de viudedad causada por un
trabajador marroquí será distribuida, en su caso, por partes iguales y
definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí,
beneficiarias de dicha prestación”.

La Sala señala que ese artículo, por la posición jerárquica
que tiene en nuestro ordenamiento jurídico y por el reconocimiento que le
otorga el artículo 96 de la Constitución española, “permite que por vía
interpretativa” se pueda ampliar o extender la condición de beneficiarias en el
régimen de clases pasivas del Estado a todas las esposas que estuvieran
simultáneamente casadas, en una situación de poligamia, con el fallecido, que
percibía una pensión con cargo al Estado español, y que fuesen beneficiarias de
la misma según la legislación marroquí.

Por ello, el tribunal concluye que la situación de poligamia
del fallecido “no impide, por razones de orden público, el reconocimiento del
derecho a una pensión de viudedad  a favor de todas las esposas que, de
acuerdo con su ley personal, estuvieran simultáneamente casadas con el causante
perceptor de una pensión con cargo al Estado español”. Para calcular el importe
que corresponde a cada una de las esposas, el tribunal se basa en ese mismo
artículo -23 del citado Convenio- que acuerda que la única pensión de viudedad
que se reconozca se dividirá por partes iguales entre las beneficiarias de
acuerdo con la legislación marroquí.

Voto particular

La sentencia incluye un voto particular firmado por los
magistrados José Luis Requero y Jorge Rodríguez-Zapata en el que expresan sus
discrepancias con la interpretación que la mayoría realiza del Convenio 
de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos.En la misma línea
que el abogado del Estado, que se opuso a la concesión de la pensión por ser la
poligamia contraria al orden público, los magistrados defienden una aplicación
restrictiva de dicho Convenio “pues lo contrario implica reconocer un derecho
para quien ha estado unido matrimonialmente no ya bajo una forma matrimonial no
reconocida en España, sino que se asienta sobre una base constitutiva de delito
por ser contrario al sistema de valores que protege el ordenamiento español”.

Añaden que la situación social de España cuando se firmó el
Convenio es muy distinta a la situación actual y señala que hoy día son varios
millones las personas, que proceden de países de religión musulmana,  que
viven legalmente en España. “Es necesario posibilitar su integración, lo que es
compatible con la idea de que su acogida en España no debe implicar la renuncia
a sus costumbres ni a su religión, pero dentro de los límites que marca nuestra
cultura y nuestro sistema de valores, lo que tiene su reflejo en el orden
público constitucional que protege la dignidad de la mujer”, subrayan los
magistrados en su voto.

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Un webinario analiza la utilidad de la certificación de un Sistema de Compliance

Herramientas para el texto ORGANIZADO POR LAWYERPRESS Y THOMSON REUTERS31 de Enero de 2018Lawyerpress, con el patrocinio de Thomson Reuters ha reunido en un webinario a expertos en materia de compliance para analizar y valorar la certificación de un Sistema de Compliance. Javier Puyol, director de Puyol Abogados & Partners, Daniel Blanco, Socio director del…

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ORGANIZADO POR LAWYERPRESS Y THOMSON REUTERS31 de Enero de 2018

Lawyerpress, con el patrocinio de Thomson Reuters ha reunido en un webinario a expertos en materia de compliance para analizar y valorar la certificación de un Sistema de Compliance. Javier Puyol, director de Puyol Abogados & Partners, Daniel Blanco, Socio director del área Jurídica AUDALIA-NEXIA, 0lga Rivas, Directora Técnica y responsable de los Servicios de Certificación de Compliance de Lloyd’s Register y Jaime Barbero, Bajo Jefe de Producto del Área Legal de Thomson Reuters, exponían los diversos puntos de vista sobre la validez y utilidad de la certificación. La sesión fue moderada por Carlos Adeva, responsable de desarrollo de negocio y de comunicación interna de Lawyerpress.

Legal Today

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Javier Puyol insistió en la utilidad de una cultura del compliance que
lleva más allá de evitar una sanción. Según el experto letrado, el
cumplimiento normativo también es un inventivo para las empresas y puede
ayudar a generar negocios. El exmagistrado y ex director de varias
asesorías jurídicas finalizó admitiendo que todavía no hay una gran
concienciación de los empresarios respecto a las ventajas del
cumplimiento normativo.

Por su parte Daniel Blanco, abogado con amplia experiencia en la
implantación y verificación de sistemas de Compliance Penal ilustró de
forma muy pragmática las claves de una implantación de un sistema de
compliance basándose en su propia experiencia. Para Daniel existe una
clara conciencia en las empresas familiares de que el compliance ayuda a
mejorar sus procesos y aporta gran valor a las organizaciones, mientras
las empresas más pequeñas tienen un claro déficit a la hora de valorar
el cumplimiento como una ventaja empresarial.

Olga Rivas, experta en certificación de sistemas de compliance detalló
los pasos a seguir en una certificación y cuales han de ser los
requisitos de los sistemas de compliance para cumplir con la norma UNE
19601, que se aplica para estos sistemas. Según Olga, Lloyd’s Register
tiene un punto de vista algo diferente sobre el compliance, porque los
clientes de la certificadora demuestran un gran grado de sensibilidad en
materia de cumplimiento y quieren que el sello de la certificación
demuestre que lo están haciendo bien.

Jaime Barbero, Bajo Jefe de Producto del Área Legal de Thomson
Reuters, anfitriona del webinario, se centró en la utilidad de las
herramientas para llevar a cabo la gestión de un sistema de compliance y
de las experiencias positivas que están teniendo los clientes con
Aranzadi Fusión.

Jaime también estaba de acuerdo que en materia de compliance queda
mucho por avanzar pero según el experto de Thomson Reuters, hay muchas
buenas señales, como la transformación que están viendo los
departamentos jurídicos de las empresas, que están cambiando de haber
sido un factor de coste a ser un departamento en el cual hay que
invertir porque aporta valor a las empresas.

La amplia sesión de preguntas de los más de 75 participantes en el
webinario se centró sobre todo en detalles de la certificación que
fueron aclarados por la directora técnica de Lloyd’s Register, Olga
Rivas.

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Trump promueve políticas de inmigración de línea dura pese a instar a la unidad

Herramientas para el texto 31 de Enero de 2018WASHINGTON (Reuters) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a los legisladores a trabajar juntos para lograr acuerdos bipartidistas, pero promovió una política dura sobre inmigración e insistió en construir un muro fronterizo como parte de un pacto para proteger a los hijos…

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31 de Enero de 2018

WASHINGTON (Reuters) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a los legisladores a trabajar juntos para lograr acuerdos bipartidistas, pero promovió una política dura sobre inmigración e insistió en construir un muro fronterizo como parte de un pacto para proteger a los hijos de inmigrantes indocumentados.

Reuters


REUTERS/Win McNamee/Pool

Antes del discurso del Estado de la Unión de Trump, los demócratas
habían dicho que esperaban ver señales de que el presidente cedería en
el controvertido tema de si se debe proteger de la deportación a los
jóvenes inmigrantes conocidos como “Dreamers”.

El presidente, sin
embargo, buscó mantener feliz a su base conservadora de cara a las
elecciones legislativas de noviembre y se apegó a los principios a los
que se oponen los demócratas, incluida la construcción del muro
fronterizo con México y nuevas restricciones sobre el número de
familiares que los inmigrantes legales pueden llevar a Estados Unidos.

“Esta
noche, yo llamo a todos a hacer a un lado nuestras diferencias, a
buscar intereses comunes, y a convocar la unidad que necesitamos para
cumplirle a la gente que nos eligió para servirles”, dijo Trump en su
primer discurso del Estado de la Unión ante el Congreso.

Trump
utilizó el discurso de una hora y 20 minutos, que los mandatarios
estadounidenses pronuncian todos los años, para intentar disipar las
dudas sobre su presidencia en momentos en que enfrenta una investigación
sobre los presuntos lazos de su campaña con Rusia y bajos índices de
aprobación.

El
republicano no mencionó la investigación federal sobre si su campaña se
coludió con Moscú durante la elección de 2016, una controversia que ha
perseguido a su presidencia. Trump ha negado la colusión y ha afirmado
que las pesquisas son un “cacería de brujas”.

El discurso no entregó muchos detalles sobre las propuestas de política de Trump.

En
la sala de la Cámara de Representantes hubo pocas señales de unidad
mientras Trump hablaba. Los legisladores republicanos aplaudían con
fuerza al mandatario, mientras que los demócratas permanecían sentados
en silencio y muchos abuchearon sus propuestas sobre inmigración.

CRÍTICAS A LÍDERES DE COREA DEL NORTE

En
lo relativo a política exterior, Trump criticó el “carácter degenerado”
de los líderes de Corea del Norte y dijo que la “búsqueda irresponsable
de misiles nucleares (de Pyongyang) podría amenazar muy pronto a
nuestra patria”.

“Estamos librando una campaña de presión máxima para evitar que eso ocurra”, sostuvo.

También
dijo que firmó una orden para mantener abierta la prisión militar en
Bahía de Guantánamo, Cuba, para milicianos detenidos. Durante su
mandato, el expresidente demócrata Barack Obama prometió cerrar el
recinto, que había sido criticado por grupos de derechos humanos, pero
no pudo cerrarlo por completo.

No estaba claro si Trump seguirá
su propio llamado a la armonía entre los dos partidos. Los intentos
previos del presidente por convocar a la unidad han sido socavados por
mensajes rencorosos en Twitter y comunicados divisivos que han
enfurecido a los demócratas y frecuentemente han molestado a los
legisladores de su propio Partido Republicano.

El llamado a la
unidad será puesto a prueba durante la búsqueda de un acuerdo para
proteger a 1,8 millones de “Dreamers” -inmigrantes que fueron llevados
de manera ilegal al país durante su infancia-, quienes enfrentan la
posibilidad de comenzar a ser deportados a partir del 5 de marzo.

Trump
dijo que estaba “extendiendo una mano abierta” para un acuerdo sobre
inmigración y que brindaría a los “Dreamers” una vía hacia la ciudadanía
luego de 10 a 12 años, a cambio de fondos para financiar un muro
fronterizo con México y restricciones a la inmigración legal.

El
republicano dijo que su plan es un “compromiso en el centro”, pero
algunos demócratas lo abuchearon cuando dijo que quería frenar la
“inmigración en cadena”, la capacidad de los inmigrantes legales de
llevar a un amplio número de familiares al país.

Trump se
atribuyó los avances de la economía de Estados Unidos, el auge del
mercado bursátil y la baja tasa de desempleo. También presumió del
crecimiento económico que estima que se registrará luego de los recortes
de impuestos que aprobaron los republicanos en el Congreso el año
pasado.

El mandatario dijo que le gustaría lograr un acuerdo
sobre un plan para reconstruir carreteras, puentes y otras obras de
infraestructura. Agregó que quiere que el proyecto de ley genere 1,5
billones de dólares mediante una combinación de gasto federal, estatal y
local, así como contribuciones del sector privado.

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Las respuestas jurídicas a la desregulación laboral tienen que tener en cuenta las nuevas tecnologías

Herramientas para el texto 31 de Enero de 2018El sindicato CCOO, a través del Servicio Jurídico Regional, ha llevado a cabo una Jornada en Segovia sobre ‘Respuestas jurídicas a la desregulación laboral’. En el transcurso del acto se habló de la dificultad de integrar en nuestro ordenamiento jurídico nuevas formas de trabajo propiciadas por el…

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31 de Enero de 2018

El sindicato CCOO, a través del Servicio Jurídico Regional, ha llevado a cabo una Jornada en Segovia sobre ‘Respuestas jurídicas a la desregulación laboral’. En el transcurso del acto se habló de la dificultad de integrar en nuestro ordenamiento jurídico nuevas formas de trabajo propiciadas por el desarrollo de la tecnología y de las relaciones laborales en un mundo globalizado y muy cambiante.

CCOO


La jornada reunió a expertos en legislación y en nuevas formas de
organización del trabajo para estudiar cómo modificar nuestra
legislación a situaciones nuevas como la existencia de falsos autónomos,
las plataformas digitales de trabajo, las modalidades de empleo a
disposición, la contratación parcial y temporal y otros muchos fenómenos
surgidos al calor del desarrollo tecnológico y que no tienen un reflejo
real en nuestras normas jurídicas. Incluso se planteó la dificultad de
la regulación, al menos de carácter nacional, sobre determinadas
prácticas laborales que empiezan a ser frecuentes en nuestros días, pero
que no se adaptan a los modelos jurídicos y administrativos de antes de
la llamada “cuarta revolución industrial”.

La inauguración de la Jornada corrió a cargo de Vicente Andrés
Granado, secretario general de CCOO de Castilla y León y de Francisca
Gómez Sánchez, secretaria confederal de Servicios Jurídicos de CCOO.
Tras la inauguración tuvo lugar la ponencia de Ricardo Bodas Martín,
presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a quien
presentó Manuel Gómez Cerezo, abogado del Servicio Jurídico de CCOO de
Castilla y León. A media mañana tuvo lugar la Mesa de Debate sobre
‘Retos del Derecho del trabajo en la era digital’ por Rafael López
Parada, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León;
Javier Puente de Pinedo, jefe de la Inspección de Trabajo y SS de
Segovia; Graciela López de la Fuente, profesora de Derecho del Trabajo,
miembro de la Cátedra de Sindicalismo de la Universidad de Valladolid y
Armando García López, abogado de la Federación de Servicios de CCOO, con
moderación de Francisco J. Gualda Alcalá, director del Gabinete de
Estudios Jurídicos de CCOO.

A las 13,30h tuvo lugar la clausura a cargo de Carlos Castedo Garvi, director del Servicio Jurídico de CCOO de Castilla y León.

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El Gobierno español confía en un candidato alternativo en Cataluña

Herramientas para el texto 31 de Enero de 2018MADRID (Reuters) – La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo el miércoles que confiaba en que el presidente del Parlament, Roger Torrent, buscara un candidato alternativo a Carles Puigdemont que permita desbloquear la legislatura en Cataluña. Reuters REUTERS/Juan Medina Un día después de que…

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31 de Enero de 2018

MADRID (Reuters) – La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo el miércoles que confiaba en que el presidente del Parlament, Roger Torrent, buscara un candidato alternativo a Carles Puigdemont que permita desbloquear la legislatura en Cataluña.

Reuters


REUTERS/Juan Medina

Un día después de que Torrent aplazara “sine die” el pleno de
investidura del político independentista para no ir contra la decisión
judicial de impedirlo si no era presencial, la número dos del Ejecutivo
abogó por que se den pasos para escoger a un líder regional “que deje de
destruir”.

“El señor Torrent tiene que abrir una nueva ronda de
contactos para salvar la situación que ha generado el señor Puigdemont”,
dijo Sáenz de Santamaría en un acto en Valencia.

La
vicepresidenta trataba así de reforzar la presión sobre ERC, aliada de
Puigdemont, al sumarse a las voces que, incluso desde dentro del
independentismo, piden que se prescinda del líder de JXC, atrincherado
en Bruselas para evitar a la Justicia española, que lo acusa de
sedición, rebelión y malversación de fondos por promover la
independencia unilateral de Cataluña.

“No me puedo creer que
entre los más de 100 diputados de la cámara no haya nadie que pueda
recuperar la senda del diálogo y del consenso, tanto independentistas
como constitucionalistas”, añadió Sáenz de Santamaría.

La
desconvocatoria del pleno ha alimentado las tensiones entre las fuerzas
independentistas de una dividida cámara catalana en la que, aunque los
secesionistas revalidaron la mayoría en diciembre, el partido más votado
fue el unionista Ciudadanos.

Mientras que JXC insiste en que
Puigdemont es el único candidato, en el seno de ERC -que ostenta la
presidencia de la cámara a través de Torrent y cuyo líder, Oriol
Junqueras, está en prisión preventiva por los mismas acusaciones que
Puigdemont- hay quienes apuestan por sacrificar al expresident e iniciar
una legislatura en la que se renuncie a la vía unilateral hacia la
independencia.

“Todo el mundo asume que Puigdemont no va a ser
presidente, pero no se atreven a decírselo”, dijo el líder de
Ciudadanos, Albert Rivera, en la cadena Cope el miércoles.

En
medio de la incertidumbre sobre el futuro político inmediato de
Cataluña, el aplazamiento de la investidura arroja un panorama incierto
puesto que legalmente no está claro que empiecen a correr los plazos que
llevarían a nuevos comicios en dos meses en caso de que un candidato no
sea elegido antes de la fecha límite que se cumple el miércoles.

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El Constitucional sólo permite la investidura de Puigdemont si es en persona

Herramientas para el texto 29 de Enero de 2018El Tribunal Constitucional condicionó la investidura de Carles Puigdemont como presidente catalán programada para el próximo martes a que reciba la autorización previa de la justicia española y se encuentre presente en el Parlamento regional. Reuters “No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura como…

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29 de Enero de 2018

El Tribunal Constitucional condicionó la investidura de Carles Puigdemont como presidente catalán programada para el próximo martes a que reciba la autorización previa de la justicia española y se encuentre presente en el Parlamento regional.

Reuters


“No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura como candidato a presidente de la Generalitat a través de medios telemáticos ni por sustitución de otro parlamentario”, dijo el alto tribunal tras la decisión adoptada por unanimidad.

El Constitucional respondió así cautelarmente al recurso presentado la víspera por el Gobierno español, aunque no decidirá si admite a trámite la impugnación que solicita el Ejecutivo central hasta que no escuche a todas las partes en los próximos diez días y haya resuelto sus dudas al respecto.

Para ello el tribunal admitirá que Puigdemont y los diputados electos de JxCat que como él están huidos de la justicia española se personen ante un juez, únicamente para que puedan ejercer su derecho de defensa.
En su cuenta de Twitter, Puigdemont celebró la resolución del tribunal. “Hasta el TC ha rechazado el fraude de ley que pretendía la Moncloa”, dijo.

“Más de uno debería pensar en rectificar y hacer política de una vez”, añadió en alusión a Rajoy, que en su cuenta en la red de micromensajería respondía que “todos los demócratas tenemos la obligación de respetar las decisiones de los tribunales”.

El ex presidente catalán, acusado de sedición y rebelión entre otros delitos, se autoexilió en octubre a Bélgica a raíz de la declaración unilateral de independencia que llevó al Gobierno central a cesar al Govern en pleno y convocar elecciones anticipadas en Cataluña.

Los comicios reflejaron la profundidad de la fractura de la sociedad catalana y revalidaron la mayoría independentista del Parlament a pesar de que los unionistas de Ciudadanos fueron la fuerza más votada. El partido de Puigdemont, JXC, fue el que que obtuvo mayor número de escaños, motivo por el que fue propuesto como candidato a president por los grupos soberanistas.

El Gobierno de Mariano Rajoy impugnó esta semana la candidatura de Puigdemont en un intento apresurado por frenar la vuelta del político independentista a la Generalitat, yendo incluso en contra del criterio del Consejo de Estado.

Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Carlos Ruano

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El Reglamento europeo de Protección de Datos refuerza los derechos de los ciudadanos sobre sus datos personales

Herramientas para el texto 26 de Enero de 2018La celebración del Día europeo de Protección de Datos, efeméride que tiene lugar el 28 de enero, está marcada este año por el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que se aplicará el 25 de mayo. Esta normativa, que actualiza y refuerza los derechos de los…

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26 de Enero de 2018

La celebración del Día europeo de Protección de Datos, efeméride que tiene lugar el 28 de enero, está marcada este año por el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que se aplicará el 25 de mayo. Esta normativa, que actualiza y refuerza los derechos de los ciudadanos sobre su información personal, cambia la forma en que las organizaciones gestionan la protección de datos, debiendo adoptar medidas conscientes, diligentes y proactivas.

  • La normativa europea, que será aplicable el próximo 25 de mayo, también otorga a los ciudadanos una mayor protección ante empresas ubicadas fuera de la Unión Europea
  • El derecho a la portabilidad, el derecho a la supresión de la información personal o el de limitar el tratamiento que se hace de los datos complementan a los tradicionales derechos ARCO

Legal Today


La
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una infografía con los nuevos derechos que tendrá el ciudadano a
partir del 25 mayo
, y que complementan a los tradicionales derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). Uno de ellos es el nuevo
derecho a la portabilidad, por el que una persona que haya proporcionado sus
datos a un proveedor de servicios podrá solicitar la recuperación y traslado de
esos datos a otra plataforma cuando sea técnicamente posible.

También
hay que mencionar el llamado derecho de supresión, que sustituye y amplía el
actual derecho de cancelación; el derecho a la limitación en el tratamiento de
los datos personales, o que cuando se deba pedir consentimiento al ciudadano para
tratar sus datos éste deba darlo de forma inequívoca, excluyendo el
consentimiento tácito. Además, se amplía la información que hay que ofrecer al
ciudadano indicando, entre otros puntos, quién recoge los datos, para qué los
va a utilizar, durante cuánto tiempo, si los va a ceder a terceros o si se van
a tomar decisiones automatizadas o elaborar perfiles, así como sus
consecuencias.

En
un mundo en el que la tecnología tiene un papel protagonista, también otorga a
los ciudadanos una mayor protección ante
empresas ubicadas fuera de la Unión Europea
cuando el tratamiento de los
datos personales se derive de una oferta de bienes o servicios destinados a
ciudadanos de la Unión o como consecuencia de una monitorización y seguimiento
de su comportamiento. Esta novedad supone una garantía adicional a los
ciudadanos europeos ya que, en la actualidad, para ofrecer servicios y tratar
datos no es necesario mantener una presencia física en un territorio.

Cómo se ejercen
esos derechos

La
Agencia Española de Protección de Datos recibe al año más de 2.500
reclamaciones de ciudadanos que acuden ante este organismo para que tutele sus
derechos frente a empresas u organizaciones. Para que la Agencia pueda tramitar
esa reclamación es necesario que el ciudadano se haya dirigido previamente a la entidad que está tratando sus datos (la
AEPD ofrece modelos
específicos
en su web para facilitar el ejercicio de los derechos ARCO). Si la entidad no
responde a la petición realizada o el ciudadano considera que la respuesta que
recibe no es la adecuada, puede acudir a la Agencia para que tutele su derecho
frente a la entidad.

Analizando
la naturaleza de las consultas y reclamaciones planteadas, la Agencia ha
lanzado un espacio web con consejos para evitar recibir
publicidad no deseada
y otro para ayudar a los ciudadanos a reclamar sus derechos en
materia de telecomunicaciones. En paralelo, fruto de un protocolo
suscrito entre la Agencia y AUTOCONTROL, desde principios de este año se
encuentra disponible un sistema voluntario de mediación al que se han adherido
las principales operadoras de telecomunicaciones. Está dirigido a resolver ágilmente reclamaciones relativas
a protección de datos
, como la recepción de publicidad no deseada, la
suplantación de identidad o el tratamiento de datos para la recepción de
facturas después de haber solicitado la baja del servicio, entre otras. Este
servicio funciona de forma independiente a las reclamaciones que los ciudadanos
pueden seguir interponiendo ante la AEPD si consideran que se han vulnerado sus
derechos.

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El Gobierno mantiene la intención de recurrir la investidura de Puigdemont

Herramientas para el texto 26 de Enero de 2018MADRID (Reuters) – El Gobierno español tiene previsto recurrir la candidatura del independentista Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat, pese a recibir un informe del Consejo de Estado en el que “discrepa” sobre la decisión de impugnar el regreso al Govern del líder independentista catalán.…

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26 de Enero de 2018

MADRID (Reuters) – El Gobierno español tiene previsto recurrir la candidatura del independentista Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat, pese a recibir un informe del Consejo de Estado en el que “discrepa” sobre la decisión de impugnar el regreso al Govern del líder independentista catalán.

Reuters


REUTERS/Juan Medina

Según dijo una fuente en Moncloa, el Ejecutivo “tiene la intención de
seguir adelante con el recurso”, aun reconociendo que el informe
solicitado al Consejo de Estado “avala los argumentos jurídicos
planteados por el ejecutivo pero discrepa sobre el momento temporal de
hacerlo”.

“El informe es preceptivo pero no vinculante”, dijo la
fuente sin añadir más detalles sobre el contenido del documento del
Consejo de Estado, un órgano de carácter meramente consultivo.

El
Ejecutivo había anunciado el jueves su intención de recurrir ante el
Tribunal Constitucional (TC) la resolución del Parlament del 22 de enero
de proponer a Puigdemont, alegando que el político de JXC no tiene
“plenitud de derechos” para asumir el cargo de presidente de la
Generalitat.

El cesado presidente regional se encuentra huido en
Bélgica y está acusado por la Justicia española por presunta rebelión y
sedición por los actos que llevaron a una declaración unilateral de
independencia a finales de octubre.

“El
fundamento de este escrito es que el estatus jurídico actual (de
Puigdemont) es incompatible con su comparecencia personal en la cámara
ya que pesa contra él una orden de detención”, dijo la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría.

El eventual recurso del Gobierno ante
el TC podría llevar al alto tribunal a paralizar la investidura de
Puigdemont, abriéndose un escenario en el que se baraja que las fuerzas
independentistas opten por elegir a un sustituto.

Puigdemont,
que fue cesado en octubre por el Gobierno español, dijo el miércoles que
no descartaba volver a España, donde sería detenido de inmediato.

“UN GOLPE DE ESTADO”

La
Mesa del Parlamento catalán, de mayoría soberanista, anunció el martes
la convocatoria para el pleno de investidura el martes 30 de enero a las
3 de la tarde, sin pronunciarse sobre la posibilidad de que la sesión
plenaria se celebre de forma telemática, una opción que también
recurriría el Gobierno.

“Le estamos diciendo (al presidente
del Parlament, Roger Torrent) que no puede proponer al señor Puigdemont
como candidato, si propone a un candidato que pueda llevar a cabo la
investidura, eso es otra cosa”, dijo la vicepresidenta sobre la
posibilidad de que se suspenda la sesión de investidura.

El
portavoz de JXC, Eduard Pujol, calificó la decisión del Gobierno español
de “golpe de Estado” y pidió al presidente de la cámara que salga en
defensa del Parlament.

“El Gobierno español se ha atrevido a
sacarse la máscara y a decir aquello que no se atrevían a decir, que no
respetan el resultado del 21-D”, dijo Pujol sobre unos comicios en los
que los independentistas revalidaron la mayoría de la cámara.

Las
elecciones de diciembre, convocadas dentro de las medidas de
intervención regional, ahondaron la fractura en la región y supusieron
un revés para el intento de Rajoy de desactivar el movimiento
independentista en la rica región mediterránea.

Las fuerzas
constitucionalistas del Parlament -Ciudadanos y PSC- estuvieron de
acuerdo con la medida tomada por el Gobierno español e instaron a los
independentistas a ofrecer una alternativa que permita iniciar la
legislatura.

“No se puede permitir que el presidente del
Parlament colabore con una persona huida de la justicia. Una persona que
no está aquí, que está imputada por cinco delitos (..) no reúne ninguno
de los requisitos para poder ser el presidente de Cataluña”, dijo
Lorena Roldán, diputada de Ciudadanos, el partido más votado en
diciembre.

En la eventual primera votación de investidura, el
candidato a la presidencia necesita mayoría absoluta, es decir, al menos
68 de los 135 diputados. De no lograrlo, la votación se repetiría dos
días después, bastando en esta segunda ocasión con una mayoría simple,
es decir, más votos a favor que en contra.

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CCOO abre nueva vía contra las prolongaciones de jornada en el Tribunal de Justicia de la UE

Herramientas para el texto 26 de Enero de 2018Tras admitir las alegaciones de CCOO, la Audiencia Nacional plantea al Tribunal de Justicia de la UE que se pronuncie sobre la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo del artículo 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores definiendo si la no obligatoriedad para las empresas…

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26 de Enero de 2018

Tras admitir las alegaciones de CCOO, la Audiencia Nacional plantea al Tribunal de Justicia de la UE que se pronuncie sobre la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo del artículo 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores definiendo si la no obligatoriedad para las empresas de llevar el registro diario de la jornada es contraria a lo establecido en la carta de derechos Fundamentales de la UE y en diversos artículos de las directivas y del Consejo del Parlamento Europeo.

  • Incluye el auto

CCOO


La
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado un Auto con fecha
19 de enero de 2018, en virtud del cual se ha planteado una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, basándose
en la Directiva 2003/88 relativa a determinados aspectos de ordenación
del tiempo de trabajo y la Directiva 89/391 relativa a la aplicación de
las medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los
trabajadores.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo consideró que, en virtud
del art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, no es necesario que la
empresa tenga un registro donde conste la jornada de cada trabajador día
a día y, por tanto, sea obligatoria la existencia de un resumen mensual
donde se totalice y se refleje la jornada trabajada cada día, así como
que tampoco resulta obligatorio la entrega de este resumen mensual de
cada trabajador a los representantes legales de los trabajadores, de
conformidad con la disposición adicional 3ª del Real Decreto 1561/95 de
21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo.

El contenido de esta sentencia, independientemente de su acierto
jurídico, ha supuesto socialmente un estimulo a muchas empresas para que
se continúe con la practica social de realización de horas
extraordinarias que no se pagan, ni se declaran ni se cotizan por ellas,
y que muchos trabajadores hagan jornadas u horas que no cobran, dado
que no existe un control objetivo y fehaciente de las jornadas que
trabajan, accesible a la Inspección de Trabajo y a la representación
legal de los trabajadores.

De ahí la importancia que tiene esta cuestión prejudicial, que se
plantea en un conflicto colectivo promovido por la Federación de
Servicios de CCOO contra la entidad financiera Deutsche Bank SAE.

Ya en la citada demanda se sugería que los mandatos del derecho
comunitario y la exigencia de aplicar medidas para promover la mejora de
la seguridad y la salud de los trabajadores, implicaban la adopción de
instrumentos que verifiquen el cumplimiento efectivo de la jornada legal
y que pongan coto a los abusos en los excesos de jornada no declarada
ni retribuida y, en este sentido, en la propia demanda se sugería que el
sistema de registro de la jornada diaria a que se refiere el 35.5 debía
ser aplicado con carácter general, como único método para establecer
cuando existen horas extras y cuando no.

Asimismo, en la demanda se planteaba que si solo se implanta el
registro cuando se hacen horas extras, no se implantará en la práctica
ni en la realidad ningún registro cuando estas horas extras no se
declaren ni se coticen por ellas.

Por ello, el Auto analiza con detenimiento el contenido de las
Directivas Comunitarias y las interpretaciones efectuadas hasta ahora y
plantea que el único medio de comprobar si se excede o no la jornada de
trabajo es el registro diario de la misma durante el periodo de
referencia, que es anual. Asimismo, establece que el propio art. 12.4
del Estatuto de los Trabajadores impone en este caso con absoluta
claridad la obligación de registrar la jornada diaria de los
trabajadores a tiempo parcial, sucediendo lo mismo con los trabajadores
móviles, de la marina mercante y ferroviarios y, por lo tanto, la
conclusión racional consiste en que para comprobar si se producen o no
excesos de jornada el instrumento a utilizar es el registro diario de la
misma.

Igualmente, el Auto plantea que este registro es la manera de
comprobar este exceso por parte de los representantes de los
trabajadores y de la Inspección de Trabajo, y a la vez es la manera de
garantizar la efectividad del cumplimento de los mandatos relativos a
ordenación del tiempo de trabajo previstos en la Directiva.

Por ello el Auto formula tres interrogantes que deben ser resueltos
por el TJUE como cuestión previa (prejudicial) para poder resolver la
pretensión sobre obligación de registro diario de la jornada:

El primero es si debe entenderse que por parte del Reino de España a
través de los arts. 34 y 35 del Estatuto, según viene siendo
interpretado por la doctrina jurisprudencial, ha adoptado o no las
medidas necesarias para garantizar la efectividad de las limitaciones de
la duración de la jornada de trabajo y del descanso semanal y diario,
que establecen los arts. 3, 5 y 6 de la Directiva 2003/88.

El segundo consiste en si deben interpretarse las normas comunitarias
en el sentido de que se oponen a una normativa nacional interna, como
la contenida en los arts. 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores, en
los términos en que estas dos disposiciones legales han sido
interpretadas por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, y si
no cabe deducir de este derecho comunitario que resulta exigible no
solo a los trabajadores a tiempo parcial, ferroviarios, de marina
mercante y de trabajadores móviles, sino también a los de tiempo
completo, la existencia de un control diario de la jornada trabajada.

El tercer interrogante es si debe entenderse que el mandato
perentorio dirigido a los Estados miembros, de limitar la duración de la
jornada de trabajo de todos los trabajadores en general, implica la
necesidad de utilizar un sistema de verificación de los excesos de
jornada, como el establecido para los trabajadores a tiempo parcial,
móviles y ferroviarios y que según el Tribunal Supremo no está
establecido para los trabajadores a tiempo completo.

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El cliente deberá ser informado de todos los costes, gastos y riesgos que asume en los productos de inversión basados en seguros

Herramientas para el texto 29 de Enero de 2018Legal Today El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros, mediante la que, entre otros objetivos, se  busca garantizar el mismo nivel de protección a los consumidores. A tal fin, la norma transpone a nuestro marco normativo…

Herramientas para el texto

29 de Enero de 2018

Legal Today


El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Anteproyecto de Ley
de Distribución de Seguros y Reaseguros, mediante la que, entre otros
objetivos, se  busca garantizar el mismo
nivel de protección a los consumidores. A tal fin, la norma transpone a nuestro
marco normativo la
Directiva (UE) 2016/97
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de Enero de 2016, sobre la distribución
de seguros.

Cabe destacar en primer lugar que
el texto se encuentra al comienzo de su desarrollo y aún deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá
de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado
como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación
parlamentaria
.

En línea con su espíritu garantista que hemos adelantado, el
cliente deberá ser informado de todos los costes,
gastos y riesgos que asume en los productos
de inversión
basados en seguros, y tendrá acceso a una evaluación periódica
de su idoneidad. Además, se endurecen
las sanciones por incumplimiento de
las obligaciones de información y se regulan por primera vez las denominadasventas cruzadas, es decir, aquellas
que añaden al contrato de seguro servicios o productos auxiliares. La citada Directiva comunitaria del 20 de enero
de 2016 sobre la distribución de seguros introducía una serie de modificaciones en otra Directiva
comunitaria del 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en seguros. Con ello
se busca garantizar un mismo nivel de
protección
a los clientes, sea
cual sea el canal a través del cual se adquiera un producto de seguro y su
traslación a las disposiciones nacionales relativas al acceso y ejercicio de la
actividad de distribución de seguros y reaseguros.

Contemplada en el Plan Anual Normativo 2018

La futura Ley se encuentra
recogida en el Plan Anual Normativo 2018,
que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre. Dicho Plan recoge los principales objetivos de la futura
norma. De forma esquemática son los siguientes:

  • Transponer al ordenamiento interno la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento
    Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016 sobre la distribución de seguros.
  • Coordinar las distintas disposiciones que regulan el acceso a las actividades de
    distribución de seguros y reaseguros.
  • Establecer unas condiciones de competencia
    equitativa
    entre los distintos distribuidores
    que operan en el mercado, con condiciones adecuadas y proporcionadas a los distintos
    tipos de distribución.
  • Garantizar el mismo nivel de
    protección
    a los consumidores
    independientemente del operador al que se dirijan, de forma que puedan
    beneficiarse de normas comparables.
  • Garantizar un elevado nivel de profesionalidad
    y competencia entre los mediadores de seguros y reaseguros, así
    como entre los empleados de entidades de seguros que intervengan en la
    distribución de seguros, de forma que sus conocimientos profesionales estén en
    consonancia con el nivel de complejidad de sus actividades.
  • Establecer normas que garanticen
    que los posibles conflictos de
    interés que puedan surgir no lesionen los intereses del cliente.
  • Reforzar la transparencia e información previa a la contratación, estableciéndose unas normas de conductaespecíficas en
    el caso de los productos de inversión basados en seguros.
  • Establecer un régimen de infracciones
    y sanciones administrativas eficaz, de forma que contrarreste los
    beneficios obtenidos y resulte suficientemente disuasorio.

El Anteproyecto de Ley recoge
importantes novedades relativas a
los distribuidores, los mediadores, el deber de información y las ventascruzadas.

Distribuidores

Se considera como distribuidores
de seguros y reaseguros, no solo a los mediadores, como hasta ahora, sino
también a las entidadesaseguradoras y reaseguradoras, al igual que a otros participantes en el mercado
que distribuyan productos con carácter auxiliar (como las agencias de viajes o
las empresas de alquiler de automóviles), que tendrán la consideración de mediadores de seguros complementarios. Asimismo, el concepto
de distribución de seguros incluye la actividad desarrollada a través de los
denominados comparadores de seguros.

Mediadores

Dentro de las categorías de
mediadores de seguros, los operadores
de banca-seguros se configuran, desde un punto de vista normativo, como agentes de seguros (exclusivos o
vinculados), si bien con ciertas particularidades.
Se suprimen las limitaciones en cuanto a la puesta a disposición de un único
operador de banca-seguros de las redes de las entidades de crédito o
establecimientos financieros de crédito, sin perjuicio de mantener la
incompatibilidad para que las redes cedidas puedan operar simultáneamente, en
todo o en parte, como colaboradores mercantiles de otros mediadores de seguros
de distinta clase.

El Anteproyecto prevé que los mediadores de seguros puedan servirse de sitios web u otras técnicas de comercialización a distancia mediante los que se proporcione al cliente información
comparando precios o coberturas de un número determinado de productos de
seguros de distintas compañías.

Deber de información

El deber de información al
cliente de productos de seguros se regula ampliamente en el Anteproyecto y se
establecen requisitos adicionales en
relación con la distribución de
productos de inversión basados en seguros, buscandoevitar o, en su caso, prevenir, potenciales conflictos de intereses.

Como hemos adelantado, se
establece que deberá informarse de todos los costes y gastosasociados,
incluidos el coste de asesoramiento,
cuando proceda, el coste del producto de inversión basado en seguros y la forma
en que éste podrá pagarlo, así como cualquier pago relacionado con terceros.
Se deberá advertir sobre los riesgos conexos a los productos de
inversión basados en seguros o a
determinadas estrategias de inversión
propuestas. Por último, para las situaciones en las que se ofrezca
asesoramiento, se crea la obligación de proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión.

Ventas cruzadas

Se introduce el concepto de
ventas cruzadas, con la obligación
para el distribuidor de seguros de informar al cliente, cuando el contrato de seguro se ofrezca conjuntamente con servicios o productosauxiliares, si
los distintos componentes pueden adquirirse separadamente, y los
correspondientes justificantes de los costes y gastos de cada componente. Se
establecen requisitos en materia de gobernanza de productos, en particular
en el diseño, aprobación y control de los mismos.

En materia de infracciones y sanciones, se refuerza
su régimen y se fijan unas sanciones de carácter pecuniario adaptadas y en línea con el
marco general establecido por la citada Directiva comunitaria de 2016.

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